La ley de radiodifusión que recientemente se aprobó en el Senado hizo subir la marea de una política caracterizada por la tensión amigos-enemigos y por análisis coyunturales que se transforman sin más en meras dicotomías, que son más propias de aspectos emotivos e irracionales que del arte de la política. Es decir, se ha producido un maniqueismo, que causa que las acciones políticas o temáticas particulares se aborden sin ni siquiera hacer un esfuerzo por comprender las variables que conforman el proceso. Y esto en definitiva es no poder apreciar una pieza musical en su conjunto. Cada actor, cada músico juega un papel determinado, de acuerdo con su partitura. Paco de Lucia interpretando el concierto de Aranjuez, no podría hacer mucho sin que lo acompañe la orquesta.
La ley de servicios Audivisuales, históricamente es un tema tabú que trae aparentados planteamientos que dificultan su tratamiento. Acarrea problemas que parecen insoslayables dado el grado de intereses que entran en pugna. No se puede simplificar la realidad expresando que no era el momento para impulsarla, dada los altos niveles de pobreza en los que está sumergida la Argentina ( no es la intención establecer si se trata del 40% como sostiene la iglesia, 15.4% según el INDEC, o cerca del 30% para la oposición). Lo cierto es que las cifras de la indigencia en cualquier caso son alarmantes, pero esto no equipara y justifica que no se pueda debatir un proyecto de ley de radiodifusión; son temáticas que no se excluyen mutuamente. Si la historia Argentina estuviese marcada por distintas leyes en lo referente a radio y televisión, se podría dejar en segundo plano. ¿Pero cómo se explica que de las cuatro leyes sancionadas en la Argentina sólo una fue votada por el Congreso? Se trata de la primer ley de Radiodifusión de la Argentina y se remonta a 1953, durante el gobierno de Perón. Las otras tres ( 1957, 1971 y 1980) han sido aprobadas por gobiernos militares. Esta cuestión marca claramente la dificultad que tiene la democracia para regular el tema. Y que ningún momento parece ser propicio.
Pero tampoco se puede obviar el apresuramiento que tuvieron los Kirchner en aprobar la ley antes de diciembre. Las elecciones adelantadas dieron muestra de que se ha pedido un cambio en el rumbo, pero recién se verá reflejado en el variabilidad en la composición de las Cámaras a partir de diciembre. Estos cambios, sin embargo, deben leerse desde una perspectiva de análisis critico. Si bien, la oposición pasará a tener más bancas, también es cierto que el oficialismo se puede aliar con los partidos de izquierda y centro izquierda.
Sin ir más lejos, en la Cámara Baja, cuando se introdujeron modificaciones en varios artículos, se consiguió sumar esos votos. Y no se trataba de estar a favor del kirchnerismo o no, sino de una iniciativa particular, con la cuál comulgan sus postulados. Por otro lado se sabe que la centroizquierda no quiere quedar pegada al gobierno. Cuando se trató la delegación de los superpoderes, las voces eran contrariadas. Si se manifestaban a favor, sostenían algunos destacados dirigentes iban a quedar demasiado ligados al Gobierno y si lo hacían en contra, sucedería lo mismo con la oposición y el campo. Por lo que cuando se introdujeron los leves cambios, los cuales no facultaban una re-delegación de los poderes, quedaron satisfechos, aunque no votaron en conjunto. Algo que ahora sí sucedió y al haber cambios, no los ligaba tanto con los K.
Ahora bien, es preciso también extenderse un poco en la historia de los medios y las regulaciones correspondientes para entender lo que sucede. Es que como bien lo explicó Guillermo Mastrini, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y con doctorado en aspectos retóricos, dialécticos y políticos de la información, “los gobiernos suelen adjudicar los canales de televisión antes que sean otros; cuando un gobierno está a punto de finalizar, le entrega medios a grupos afines”. No se refería a la nueva ley sino a la historia. Tres días antes de que asuma Frondizi, Aramburu firmó un decreto que adjudicaba a tres grupos empresarios canales de televisión cuando, un año atrás se había llamado a licitaciones y el Comité decidió rechazar todas las propuestas porque ninguna se encontraba en condiciones de instalar un canal de televisión.
Ejemplos como el de Aramburu no faltan. Menem puso como condición para asumir previo a la fecha estipulada ( Alfonsín no se podía sostener más en la presidencia), que el radicalismo que aún tenía la mayoría en las Cámaras respaldara todas las medidas del gobierno. Fue ahí cuando se firmó la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado.
¿Y Kirchner? ¿ Siempre tuvo un discurso anti-Clarín? Ahora sí, se puede abordar la cuestión más actual. En el 2005, firmó un decreto, el 527/5 ( se seguía con la metodología de los decretos y no pasar por el Parlamento) que suspendió por un plazo de diez años el cómputo de las licencias de los medios de comunicación. Se establecía más precisamente que las licencias se otorgaban por quince años, con la posibilidad de obtener diez años más en una renovación. ¿A quién beneficiaba? En principio se trataba de una medida que favorecía a todos los que tenían licencias y perjudicaba a los que no las tenían. ¿Por qué lo hizo Kirchner y a quién beneficiaba directamente? Según Mastrini hay dos lecturas posibles. “Una se refería a la intención de ganar la simpatía de los grandes medios de comunicación en ese momento”. Otra y la más sensata es que “ América y canal 9 se encontraban en convocatoria de acreedores, y estaban renegociando la deuda”. Ambos canales habían alcanzado una refinanciación de deuda, pero requería acuerdo judicial y ningún juez hubiera certificado el pacto si se vencían las licencias.
Es notable como quienes detentan el poder acomodan la reglamentación de acuerdo a sus apetencias. Debe quedar claro que una ley de esta trascendencia es necesaria, ya que mediante decretos se ha ido transformando en una nebulosa jurídica, permitiendo distintas interpretaciones de acuerdo a la óptica con la que se la quiera mirar. Es saludable que en este proyecto de ley se le de participación a los organismos sin fines de lucro, que son excluidos por la actual ley 22.285. Pero a pesar de esto quedan muchos puntos poco claros.
¿A partir de diciembre se puede cambiar algunos artículos? Es posible que se pueda volver a tratar, y aprobar algunas modificaciones, pero es poco probable. Ya que si sale un veto del ejecutivo, a pesar de que se hayan votado a favor de innovaciones, se necesitarían las dos terceras partes de las Cámaras. Y ese no parece ser un escentario viable.
Los puntos más cuestionados
Uno de los artículos más criticados fue sin duda el 161, por el cuál se le da el plazo de un año a los actuales dueños de medios para desprenderse de los mismos. Es que según las voces de los que tienen que desligarse de un medio, va a llevar a una subasta a un precisio irrisorio. Por otro lado desde el oficialismo algunos dirigentes se encargaron de aseverar que hasta que se desarrolle toda la estructura y se ponga realmente en vigencia la ley va a pasar un tiempo razonable por lo cuál no se trata de un año, sino que seguramente será más tiempo.
Por otro lado, la autoridad de aplicación, es otro aspecto cuestionable. En teoría, es un organo autárquico, pero habrá que esperar..
En cualquier caso los efectos de la ley se verán progresivamente.
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